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jueves, 18 de febrero de 2016



Santo Domingo Oeste.- Luego de la tragedia ocasionada el martes por la explosión en una envasadora de gas ubicada en el sector Los Ríos, el regidor del PRD en Santo Domingo Oeste, César Guzmán, sometió un proyecto de
ordenanza ante la Sala Capitular de ese municipio, con la finalidad de impedir se sigan otorgando permisos en esa jurisdicción, sin la debida cualificación técnica, medio ambiental y de seguridad, para la construcción de establecimientos de expendio de combustibles inflamables.


El concejal perredeísta dijo sentirse preocupado ante la proliferación en su demarcación de envasadoras de gas y estaciones de gasolina, muchas de las cuales se encuentran situadas en medio de barrios empobrecidos, donde habitan  centenares de familias, lo que constituye un peligro permanente a la seguridad de sus pobladores.
“Los alcaldes, regidores, y los organismos que tienen que ver con la regulación, control y otorgamiento de estos permisos, debemos enfrentar este problema con la debida responsabilidad, ya que la realidad demuestra que se ha sido complaciente e irresponsable, permitiendo que exista una verdadero desorden en este renglón”, expresó.
Mediante boletín de prensa enviado a los medios de comunicación, el edil perredeísta puso como ejemplo la envasadora que expende gas licuado de petróleo ubicada en la Isabel Aguiar, próximo al  kilometro 12 de la avenida Independencia, en donde también opera un recinto escolar al cual acuden diariamente más de 2 mil estudiantes.
Explicó que lo propio ocurre en Las Palmas de Herrera, donde también hay una planta envasadora de gas cuyas instalaciones colindan con la
escuela Emma Balaguer de Vallejo.
Ante el evidente peligro que esto representa, Guzmán consideró que deberá buscarse una alternativa para la que los mismos sean reubicados a otros lugares, y así evitar se repitan tragedias como la acaecida en el día de ayer.


Asimismo, pidió a la Dirección General de Normas y Sistema de Calidad (DIGENOR), hoy Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal)  a ser más rigurosa con las exigencias para que las envasadoras de gas y expendio de gasolina cumplan a cabalidad con las normas establecidas por la ley que las regula.
“No debe primar las vinculaciones políticas, ni qué o cuáles familias o sector empresarial sean los dueños de esos establecimientos para hacerse de la vista gorda y dejar que prosiga el caos en esta área de servicios”, indició el joven regidor.
Justo es reconocer que dos o tres grandes empresas han instalado sistemas muy confiables de seguridad, de hecho conformes con los mejores estándares internacionales.
Pero estimó que, a pesar de que existen estas normas y reglamentos técnicos, ajustados en función de requerimientos internacionales, no se hacen cumplir con la eficacia, responsabilidad, transparencia y continuidad que el caso amerita.
Según algunos expertos en la materia, con la aprobación de la Ley 166-12 que crea el Sidocal, el Instituto Dominicano para la Calidad, está facultado para certificar el cumplimiento de las normas y reglamentos, pero no es una entidad punitiva. De conformidad con esa ley, es a Pro Consumidor y a los ministerios y sus dependencias de fiscalización a quienes corresponde establecer los requisitos reglamentarios vinculados con la salud y seguridad de las personas y propiedades.
A juicio de estos técnicos, son muy pocas las plantas que pueden exhibir certificados confiables de cumplimiento de requisitos de seguridad y son muchas las que no entienden la importancia de tenerlos, o las que en absoluto no les interesa invertir en tales sistemas dado el nulo o deficiente nivel de exigencia de las autoridades competentes.

viernes, 12 de febrero de 2016



Santo Domingo.- Diez precandidatos a regidores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de Santo Domingo Oeste interpusieron una demanda de nulidad del proceso interno local, ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Aura Amancio, Juan Pablo Montero, Kelvin Abréu, Ernesto Bussi, Jhonson Gómez, Rubén Disla, Víctor Báez, Robby Gabriel Almánzar, Porfirio Grullón y Carlos Castillo expresaron en un comunicado de prensa que tuvieron que recurrir al TSE, ante el silencio cómplice de las autoridades del PLD de Santo Domingo Oeste.
Los arriba mencionados sustentan su pedido en una denuncia de fraude en el pasado Congreso Elector Gladys Gutiérrez, donde ellos fueron afectados de forma directa.

“Esto es tan grave, que un regidor de esta zona, en donde no había otros puestos para elegir, saca casi los mismos votos que aspirantes de provincias enteras a alcaldes y que diputados del Distrito Nacional. Ese es un gran indicador. En más de 60 actas hubo evidencia de ‘colchones’ o abultamiento de votos que favorecían a uno o más candidatos, ‘colchones con exageraciones de votos por encima del promedio de votación y cantidad de inscritos, actas llenadas por una misma persona y actas sin firmar; esto representó el 92.87% de irregularidades durante el proceso”, explican en el documento.

Comentan que sometieron un documento formal el 15 de diciembre de 2015 ante la dirección local del PLD sobre estas denuncias y, hasta la fecha, no han recibido respuesta, razón por la cual tuvieron que recurrir, el 10 de enero del 2016, ante el TSE.
Dicen que esta demanda no constituye una insubordinación contra las autoridades del PLD, la Comisión Electoral, el Comité Central y el Comité Político, sino que persigue rescatar la disciplina interna, y que cosas como estas no se repitan.